A partir de 2025, con la consolidación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), el sector asegurador en México enfrenta este año un cambio fiscal de alto impacto: las compañías ya no podrán acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado a proveedores —como hospitales, talleres mecánicos y centros de hojalatería y pintura— en la atención de siniestros. 

En términos prácticos, ese 16% se convierte en un costo directo de operación, alterando el equilibrio técnico y financiero de la industria.

La medida pone fin a años de litigios entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las aseguradoras. 

La autoridad fiscal determinó que el acreditamiento del IVA era indebido, al considerar que las aseguradoras actúan como consumidoras finales de los servicios derivados de un siniestro, y no como intermediarias financieras. 

Cone ello, las implicaciones serán visibles a partir de 2026. La más inmediata es el aumento en el costo de las primas, especialmente en los ramos de gastos médicos mayores y autos, donde analistas estiman incrementos de entre 10% y 20%. 

A esta presión se suma un ajuste en las condiciones contractuales: mayores deducibles y coaseguros aparecen como mecanismos para compartir el impacto con el asegurado.

De acuerdo con cifras del sector, las aseguradoras registraron pérdidas operativas cercanas al 6%, al tener que absorber el IVA en sus estados financieros y cubrir adeudos fiscales derivados del acuerdo con el SAT.

Asimismo, el cambio está acelerando una revisión profunda de las redes de proveedores, con renegociaciones tarifarias e incluso la evaluación de integrar hospitales o talleres propios para contener los costos de siniestralidad.

El impacto no es menor: los seguros de daños y gastos médicos concentran cerca del 40% de las primas del país, por lo que el costo real de atender cada siniestro se eleva de forma estructural.

Desde la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), su presidente, Pedro Pacheco, ha confirmado el nuevo esquema fiscal y la necesidad de ajustar los modelos técnicos.

“Naturalmente, el sector pagará más IVA al eliminarse el efecto neto que permitía compensar el impuesto pagado a proveedores”, señaló. 

No obstante, la AMIS mantiene una postura cautelosa y considera prematuro fijar un porcentaje único de aumento, dado que cada aseguradora deberá evaluar su propia estructura de costos.

Analistas de firmas como Moody’s México y el Colegio de Contadores Públicos de México coinciden en que los ajustes en primas no responden a decisiones discrecionales, sino a una mayor carga fiscal permanente. 

Voceros del sector han advertido que la industria entra en una nueva etapa, donde la sostenibilidad financiera exigirá redefinir precios, coberturas y eficiencia operativa para no comprometer su solvencia ni la oferta de protección al consumidor.